del problema
La política de defensa argentina de las últimas cuatro décadas se explica por su punto de partida: la derrota de Malvinas en 1982 y el fin de la dictadura en 1983. De ese trauma doble nació un consenso democrático sólido y necesario —subordinar el poder militar al poder civil, sacar a las Fuerzas Armadas de la política interna— que se tradujo en un andamiaje legal preciso. La Ley 23.554 de Defensa Nacional (1988) fijó el principio ordenador: la defensa se ocupa de la agresión militar externa, y todo lo demás —el delito, el orden interno— queda fuera de su alcance. La Ley 24.059 de Seguridad Interior (1992) completó el reparto. Ese "muro" entre defensa y seguridad no fue un capricho burocrático: fue la forma en que la democracia argentina procesó su historia más dolorosa.
Pero junto a ese acierto institucional convivió una decisión no dicha: la de desfinanciar la defensa hasta volverla testimonial. Terminado el servicio militar obligatorio en 1994, profesionalizadas las fuerzas, el presupuesto militar se convirtió en la variable de ajuste natural de todos los gobiernos, de todos los signos. No hubo una discusión pública sobre para qué sirven las FFAA en democracia; hubo, en su lugar, un vaciamiento lento y silencioso. El hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017, con sus 44 tripulantes, fue el símbolo más crudo de esa erosión material. El intento de revertirla —el FONDEF de 2020— llegó tarde y sin músculo político sostenido. El sistema que hoy se quiere transformar no es el producto de una mala elección estratégica: es el resultado de no haber elegido nunca.
El problema no es que la Argentina haya elegido mal a qué dedicar sus fuerzas armadas; es que evitó elegir durante cuarenta años. Recién ahora, y de golpe, se abren todas las decisiones a la vez —la misión, el equipamiento, las alianzas, el muro— sin el marco que debería ordenarlas.
actual
El dato que ordena el diagnóstico es la distancia entre lo que se muestra y lo que se sostiene. En 2025 y 2026 la Argentina exhibe la mayor renovación de material bélico en décadas —cazas supersónicos, negociación por submarinos, alineamiento con Occidente— mientras su gasto en defensa toca uno de los pisos más bajos del mundo. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y su convivencia es el corazón del problema: hay compras, pero no hay política que las contenga.
La medición del gasto es, en sí misma, una disputa. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la Argentina destinó a defensa el 0,56% de su Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 —unos 3.731 millones de dólares—, muy por debajo del promedio mundial (2,5%) y de todos sus vecinos. La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), en cambio, registró para el mismo año una "función Defensa" equivalente al 0,28% del PBI, el nivel más bajo en cuatro años. No es una contradicción: cada fuente mide algo distinto —el SIPRI incluye pensiones militares y partidas que la clasificación presupuestaria nacional deja afuera—, y la brecha entre 0,56% y 0,28% es información sobre cómo se cuenta la defensa, no un error a resolver. Cualquiera sea la vara, la tendencia es la misma: caída sostenida desde el 0,75% de 2010.
La segunda tensión es de composición. Cerca del 90% del presupuesto de Defensa se va en salarios y pensiones, lo que deja un margen mínimo para inversión, mantenimiento y operación. Y ni siquiera los salarios alcanzan para retener a la gente: entre enero y junio de 2025, al menos 684 efectivos solicitaron la baja, empujados por sueldos deprimidos, una obra social en crisis y la falta de un horizonte profesional. El resultado es una paradoja operativa: llega equipo nuevo y sofisticado —los F-16 requieren pilotos y técnicos altamente entrenados— mientras se va el personal capacitado para operarlo. Se compra la herramienta y se pierde la mano.
La tercera tensión es la que menos se ve desde tierra y más pesa en el mapa: el Atlántico Sur. En el borde de la Zona Económica Exclusiva operan de manera permanente unas 400 embarcaciones extranjeras, en su mayoría de bandera o capital chino, que extraen entre dos y cuatro veces lo que desembarca toda la industria pesquera nacional. Es una amenaza a la soberanía sobre los recursos que no es militar en sentido clásico —nadie invade— pero que erosiona el patrimonio del país todos los días, y que la Armada apenas puede vigilar con un puñado de patrulleros y aviones de exploración. A eso se suma la creciente presencia naval británica en torno a Malvinas. La defensa externa que la Argentina más necesita no es la de una guerra improbable: es la del control efectivo de su propio mar.
| Mirada | Qué mide | Resultado |
|---|---|---|
| Función Defensa (ONP) | Sólo la finalidad Defensa del gasto público nacional, con criterio restrictivo | El número más bajo.0,28% del PBI en 2025, mínimo en cuatro años. |
| Gasto militar (SIPRI) | Incluye pensiones militares y otras partidas; criterio comparable entre países | La medida internacional.0,56% del PBI en 2025. |
| Piso del FONDEF (Ley 27.565) | La meta legal de reequipamiento: 0,8% de recursos corrientes | Ya no rige como obligación.Derogado en el Presupuesto 2026. |
| Comparación regional (SIPRI) | Gasto militar sobre PBI de los países vecinos | Brasil 1,05% · Bolivia 1,21% · Guyana 0,99%.Argentina, por debajo de todos. |
La defensa argentina no tiene un problema de vitrina: tiene equipo nuevo llegando. Tiene un problema de sustancia —sin financiamiento estable, sin cuadros que se queden y sin una misión que ordene las compras, la modernización corre el riesgo de ser un gesto sin cuerpo.
del debate
El debate sobre la defensa no se ordena por la grieta: cruza a oficialismo y oposición, y enfrenta visiones sobre el Estado más que banderas partidarias. Se agrupa por cómo trata cada posición el problema de fondo —para qué sirven las fuerzas armadas y cómo se las reconstruye.
El debate mezcla dos preguntas que conviene separar: para qué sirven las FFAA (la misión) y cómo se las reconstruye (el modelo). Las posiciones I y III pelean por el muro; la II quiere cambiar la misión; la IV quiere cambiar el modelo. El Gobierno avanza sobre la misión y sobre el modelo por la vía de la compra externa, mientras el minimalismo presupuestario sigue gobernando las cuentas por debajo.
que faltan
Estas preguntas no las resuelve la doctrina militar ni la técnica presupuestaria: las resuelve la política, porque cada respuesta define qué clase de Estado y qué relación entre civiles y militares se quiere.
- ¿Se mantiene el muro entre defensa y seguridad interior, o se habilita por ley a las Fuerzas Armadas a intervenir contra el narcotráfico y el crimen organizado —y, si se habilita, con qué límites y controles?
- ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de la Argentina —contra qué amenaza concreta se prepara—, o se sigue comprando equipamiento sin una misión declarada que lo ordene?
- ¿Se reconstruye la capacidad militar comprando afuera y alineándose con Estados Unidos y la OTAN, apalancando la base científico-industrial propia, o combinando ambas —y en qué proporción?
- Sin el piso del 0,8% del FONDEF, ¿de dónde sale el financiamiento sostenido del reequipamiento, más allá del gesto de las compras puntuales?
- ¿Se recompone la carrera militar —salarios, obra social, horizonte profesional— o se acepta que el equipo nuevo lo operen dotaciones que se vacían?
- Si los recursos no alcanzan para todo, ¿qué se prioriza: el Atlántico Sur —pesca, recursos, Malvinas, Antártida— o la frontera norte y las nuevas amenazas?
No decidir también es decidir: sostener el statu quo es elegir que la Argentina conserve el símbolo de unas fuerzas armadas sin la sustancia de una política de defensa —y dejar que la próxima crisis resuelva por ella lo que la deliberación no quiso abordar.
dónde
La variable de fondo que separa los escenarios no es el dinero ni el equipamiento: es si la decisión política sobre la misión —el para qué— se toma antes o después de las compras.
- Modernización con rumbo.El país define su hipótesis de conflicto, prioriza el control del Atlántico Sur y las nuevas amenazas, sostiene el muro con la seguridad interior, financia el reequipamiento con un mecanismo estable y recompone la carrera militar. El equipo nuevo tiene misión clara y dotación para operarlo. Exige acuerdo político amplio y recursos sostenidos, lo más escaso de todo.
- Vitrina sin sustancia.Llegan los F-16, se avanza con la OTAN, se firman submarinos, pero el presupuesto sigue en el piso, el personal se sigue yendo y ninguna hipótesis ordena el conjunto. La Argentina exhibe una capacidad que no puede sostener ni operar plenamente: modernización como gesto. Es el escenario más probable si el financiamiento y los cuadros no cambian.
- Reconversión hacia adentro.Se baja el muro y las FFAA se vuelcan a la seguridad interior. El "para qué" se resuelve por la vía de la urgencia interna, con el riesgo institucional que la democracia argentina ya conoce, y la defensa externa —el mar, los recursos— queda subordinada a la agenda del delito.
- Statu quo por inercia.Ni reconversión ni recomposición: la defensa sigue siendo variable de ajuste, el material se degrada y las decisiones se posponen hasta que una nueva crisis —otro ARA San Juan, un incidente en el mar— fuerce una reacción tardía y cara.
El mejor y el peor escenario pueden empezar con exactamente las mismas compras. Lo que los diferencia no es qué se compró, sino si hubo una decisión sobre para qué antes de firmar.
estratégica
Discutir la defensa nacional parece una cuestión de cazas, presupuestos y doctrina, pero lo que está realmente en juego es qué tan en serio se toma la Argentina como Estado soberano sobre su territorio, su mar y sus recursos. Un país que durante cuarenta años trató su defensa como un gasto prescindible tomó, sin decirlo nunca, una decisión estratégica de fondo: la de confiar su seguridad externa a que no pase nada —o a que otro la garantice. No fue un olvido; fue una apuesta. La apuesta de que el Atlántico Sur, la disuasión y el control del propio mar podían esperar indefinidamente.
Esa apuesta hoy se cruza con un mundo más disputado y con recursos naturales que otros vienen a buscar todos los días al borde de la milla 200. El giro actual —los F-16, la OTAN, un ministro de Defensa de uniforme por primera vez desde 1983— cambia el gesto, pero todavía no la ecuación de fondo. Sin una misión definida, sin financiamiento estable y sin cuadros que se queden, la modernización es una vitrina: material que impresiona en el desfile y no alcanza para custodiar el mar. Y hay un riesgo más silencioso: que el debate sobre el muro con la seguridad interior se salde por la urgencia del narco y no por la deliberación, y que la Argentina termine resolviendo el "para qué" de sus fuerzas armadas de la peor manera posible —dándoles una misión hacia adentro porque no se animó a definirles una hacia afuera.
La Argentina no tiene, en el fondo, un problema de equipamiento militar: tiene un problema de decisión. Puede comprar todos los cazas del mundo, pero mientras no responda para qué quiere fuerzas armadas y no esté dispuesta a pagar por esa respuesta, va a seguir teniendo el uniforme sin el cuerpo.